DE HÉROES A VILLANOS

Los tiempos en los que los trabajadores de bancos y cajas de ahorros eran las personas de confianza y los principales asesores de los ciudadanos de a pie, sobre todo de aquellos con poca o nula cultura financiera que tenían unos pequeños ahorros y querían sacarle una rentabilidad mayor que los clásicos productos de plazo fijo, son ya historia. 

Y es que la crisis y las políticas comerciales llevadas a cabo por la banca han dado paso a un nuevo escenario totalmente contrario en el que estos empleados se han convertido en el centro de la diana de la crispación y del malestar existente entre los miles de clientes que se encuentran ahora con que no pueden recuperar el dinero invertido, a pesar de que cuando firmaron el contrato el director o el trabajador de toda la vida de la sucursal de turno les dijeron que iban a poder hacerlo sin ningún tipo de problema.

 

"Las reacciones de algunos clientes, airadas en muchos casos, se dirigen sobre los trabajadores de las entidades financieras, a quienes responsabilizan injustamente de los cambios legales acontecidos y les acusan de haberles engañado en el momento de informarles sobre las características de aquellas inversiones" señalaban desde el sindicato CSICA. 

¿El motivo? Que los productos contratados eran de alto riesgo y que la prometida liquidez poco o nada tenía que ver con la realidad.  Participaciones preferentes, deuda subordinada o swaps son algunos de los productos 'tóxicos' que se han comercializado de forma masiva durante los años de bonanza y que ahora constituyen el principal objeto de reclamo de los que invirtieron en ellos. 

No en vano, según los cálculos de la Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros sólo en Castilla-La Mancha hay cerca de 35.000 afectados por las preferentes, número que se eleva hasta más de 700.000 en el conjunto de España.

Una circunstancia que ha elevado el tono de crispación de estos clientes desesperados, hasta el punto de que cada vez son más habituales los insultos, el menosprecio e incluso en algunos casos las agresiones físicas hacia lo que los sindicatos consideran el último eslabón de la cadena, y también el más desprotegido, ya que "son los que tienen que dar la cara", señalan desde UGT en Bankia, recalcando que “no somos los banqueros, somos bancarios y bancarias”.

Campaña de inocencia
Y es precisamente éste el motivo por el que los dos sindicatos mayoritarios en banca -UGT y CC.OO.- han puesto en marcha  una campaña de defensa de este colectivo para explicar -en referencia a que ellos no son responsables de los problemas de los ciudadanos derivados de la crisis financiera y económica-  que los empleados de las entidades financieras son “inocentes” y “denunciar ante la sociedad la situación” en la que están los trabajadores de este colectivo.

“Este blog nace de la necesidad de lanzar un llamada de socorro para que de detenga esta ola de violencia y agresividad contra las personas que trabajamos en el sector financiero y explicar a la sociedad que no somos los culpables de la crisis del sector financiero y menos aún de las consecuencias que ésta ha originado para todos los ciudadanos y ciudadanas”, explicaban en el manifiesto.

En este sentido, desde la Asociación General de Consumidores (Asgeco), su portavoz, Marcos Méndez, señala que la responsabilidad es de bancos y cajas de ahorros, ya que "se trata de productos de alto riesgo que se han vendido a personas con escasos conocimientos financieros". 

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Las entidades financieras son las responsables judicialmente
El debate sobre el grado de culpabilidad de los empleados de la sucursal bancaria a la hora de comercializar productos supuestamente seguros que luego se han demostrado que no eran así se circunscribe únicamente al ámbito de la ética, ya que desde el punto de vista judicial no existe ningún tipo de duda y es la entidad financiera la responsable de cualquier perjuicio generado al cliente. 

"Es un completo error intentar culpabilizar a los trabajadores de banca, ya que estos venden a instancias de su banco o caja de ahorros y no pueden responder ante una sentencia firme". 

Así lo señalaba a EL DIA Juan Ignacio Navas, titular del despacho de abogados Navas&Cusí, para quien la única forma de acabar con todos los problemas derivados de la venta masiva de estos productos tóxicos sería que se comercializaran a través de asesores independientes y no de entidades bancarias, tal y como ocurre mayoritariamente en el Reino Unido.

Más aún cuando en el caso de la banca, esta juega con la ventaja de prever con una cierta exactitud cuál va a ser la evolución de los tipos de interés, algo crucial a la hora de colocar swaps u otros "seguros" a los clientes.

Y es que ese es uno de los argumentos principales que están esgrimiento los distintos juzgados repartidos por la geografía española que han emitido más de seiscientas sentencias contrarias a la banca por este motivo. 

Así, por ejemplo, el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 3 de Hellín (Albacete) anuló recientemente la contratación de una permuta financiera de tipos de interés (IRS) por parte de un particular con el Banco Popular, ya que este último no prestó toda la información debida y que, además, engañó y coaccionó al cliente para que firmase el swap.

Según se recoge en la sentencia, el cliente confío en lo que le dijo el director de la sucursal, que “era un producto bueno” y que estaba firmando una cobertura frente la subida de tipos de interés. 

Además, el director le aseguró que no se vería afectado por una posible bajada de los tipos de interés, siendo el producto totalmente gratis para el contratante, “si subían los intereses el diferencial lo pagaba el Banco y que si bajaban se quedaba como estaba”.