Durante los últimos meses, la situación de la economía española se ha deteriorado. El recrudecimiento de las tensiones financieras y el empeoramiento de la coyuntura económica han incrementado la incertidumbre sobre la suficiencia de las acciones comprometidas por las autoridades españolas para la corrección del déficit público.
Las dudas acerca de la capacidad recaudatoria de ciertas medidas de ingreso (como el plan de lucha contra el fraude y el programa de privatizaciones), la dificultad de reducir el gasto público y el desconocimiento del impacto final de la recesión sobre el déficit han hecho necesarias nuevas actuaciones que otorguen credibilidad al cumplimiento de las metas fiscales.
Por ello, el Gobierno anunció intervenciones en tres ámbitos tras el Consejo de Ministros del día 13 de julio: esfuerzos adicionales en ingresos y gastos públicos, mejora del funcionamiento de la administración y aceleración del calendario de reformas estructurales. Entre los primeros destaca, por su capacidad recaudatoria, el aumento del IVA a partir de septiembre.
En particular, aprobó el incremento de los tipos impositivos general y reducido hasta el 21% y el 10%, respectivamente, y la ampliación de la base imponible del tipo general en detrimento de la del tipo reducido. Esto significa que algunos bienes y servicios que tributaban al tipo reducido (los servicios funerarios, de peluquería, de hostelería, de televisión digital, la comercialización de flores, plantas, cosméticos y obras de arte, la entrada a espectáculos, etc.), lo harán al tipo general desde el 1 de septiembre.
Al menos tres factores explican por qué el Gobierno optó por un incremento del IVA para reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En primer lugar, por su capacidad recaudatoria: el 15,4% de los recursos no financieros de las administraciones públicas en 2011 (57,8 miles de millones de euros) procedieron del IVA. En segundo lugar, porque a diferencia del resto de figuras tributarias, los tipos impositivos del IVA en España eran comparativamente reducidos.
España se encontraba entre los países de la Unión Económica y Monetaria (UEM) en donde el tipo general del IVA era más bajo. En tercer lugar, porque la teoría económica indica que las variaciones en los impuestos indirectos generan menos distorsiones en el proceso de toma de decisiones de los agentes económicos -y, por tanto, en la actividad- que las de los directos. La disminución del PIB inducida por un aumento del IVA es menor que la provocada por cualquier otro cambio impositivo que genere la misma recaudación.
Si bien el incremento del IVA tendrá un efecto contractivo relevante sobre la actividad económica durante el segundo semestre de 2012, será compensado por las repercusiones positivas de la reducción de las cotizaciones sociales a cargo del empleador en 2013 (1 punto) y en 2014 (2 puntos). Esta medida, propuesta por BBVA Research, abaratará la mano de obra, reducirá el precio relativo de los productos exportados -que están exentos del pago del IVA- frente a los importados -que sí lo soportan- e incrementará el empleo y la inversión. La reducción de las cotizaciones sociales permitirá recobrar durante 2013 los niveles de empleo, consumo e inversión anteriores a la entrada en vigor de la reforma del IVA.
En síntesis, ante la obligatoriedad de alcanzar los objetivos de déficit público en un entorno en donde la financiación externa de la economía española es limitada y costosa, la incertidumbre sobre la suficiencia de los ajustes fiscales adoptados obligó al Gobierno a aprobar un nuevo paquete de medidas entre las que se encuentra el aumento del IVA.
Su capacidad recaudatoria, sus tipos impositivos bajos en relación con los vigentes en otras economías de la UEM y sus menores efectos distorsionantes sobre la actividad económica justifican la elección del IVA como instrumento para asegurar el éxito del proceso de consolidación fiscal. Además, sus repercusiones negativas serán más que compensadas por las positivas derivadas de la rebaja de las cotizaciones sociales a partir del próximo año.
Por ello, el Gobierno anunció intervenciones en tres ámbitos tras el Consejo de Ministros del día 13 de julio: esfuerzos adicionales en ingresos y gastos públicos, mejora del funcionamiento de la administración y aceleración del calendario de reformas estructurales. Entre los primeros destaca, por su capacidad recaudatoria, el aumento del IVA a partir de septiembre.
En particular, aprobó el incremento de los tipos impositivos general y reducido hasta el 21% y el 10%, respectivamente, y la ampliación de la base imponible del tipo general en detrimento de la del tipo reducido. Esto significa que algunos bienes y servicios que tributaban al tipo reducido (los servicios funerarios, de peluquería, de hostelería, de televisión digital, la comercialización de flores, plantas, cosméticos y obras de arte, la entrada a espectáculos, etc.), lo harán al tipo general desde el 1 de septiembre.
Al menos tres factores explican por qué el Gobierno optó por un incremento del IVA para reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En primer lugar, por su capacidad recaudatoria: el 15,4% de los recursos no financieros de las administraciones públicas en 2011 (57,8 miles de millones de euros) procedieron del IVA. En segundo lugar, porque a diferencia del resto de figuras tributarias, los tipos impositivos del IVA en España eran comparativamente reducidos.
Si bien el incremento del IVA tendrá un efecto contractivo relevante sobre la actividad económica durante el segundo semestre de 2012, será compensado por las repercusiones positivas de la reducción de las cotizaciones sociales a cargo del empleador en 2013 (1 punto) y en 2014 (2 puntos). Esta medida, propuesta por BBVA Research, abaratará la mano de obra, reducirá el precio relativo de los productos exportados -que están exentos del pago del IVA- frente a los importados -que sí lo soportan- e incrementará el empleo y la inversión. La reducción de las cotizaciones sociales permitirá recobrar durante 2013 los niveles de empleo, consumo e inversión anteriores a la entrada en vigor de la reforma del IVA.
En síntesis, ante la obligatoriedad de alcanzar los objetivos de déficit público en un entorno en donde la financiación externa de la economía española es limitada y costosa, la incertidumbre sobre la suficiencia de los ajustes fiscales adoptados obligó al Gobierno a aprobar un nuevo paquete de medidas entre las que se encuentra el aumento del IVA.
Su capacidad recaudatoria, sus tipos impositivos bajos en relación con los vigentes en otras economías de la UEM y sus menores efectos distorsionantes sobre la actividad económica justifican la elección del IVA como instrumento para asegurar el éxito del proceso de consolidación fiscal. Además, sus repercusiones negativas serán más que compensadas por las positivas derivadas de la rebaja de las cotizaciones sociales a partir del próximo año.
Fuente: BBVA Research
No hay comentarios:
Publicar un comentario